* Observatorio de la Educación *

Viernes, 18 de septiembre de 2009

El PP propondrá incluir la autoridad del profesor en la reforma educativa

El PP propondrá llevar la medida para dar autoridad al profesor a la reforma educativa. Primero lo defendió Esperanza Aguirre para Madrid y ahora María Dolores de Cospedal ha afirmado que lo pondrá encima de la mesa.

La secretaria general del Partido Popular ha asegurado que el PP "siempre" ha defendido que una reforma en el sistema educativo tendría que ser la mejora de la educación "con un objetivo que fuera la calidad y la excelencia como máxima prioridad".

A preguntas de los medios con motivo de un almuerzo con simpatizantes y afiliados en Guadalajara, ha señalado que dicha reforma tendría que recuperar los valores del "respeto" al profesorado y el valor de la cultura del "esfuerzo" y, por tanto, "considerar al profesorado como un autoridad es un gran acierto que ha tenido Esperanza Aguirre y debería estar incluido en el nuevo modelo educativo y desde luego así lo vamos a proponer nosotros", ha agregado.

El Rey se sumó esta semana a las voces que piden un acuerdo entre los partidos políticos en torno a la educación. Según el monarca, es una "demanda" que se da en la sociedad y "que no podemos dejar sin respuesta". En el acto, el Don Juan Carlos mostró su reconocimiento al papel de profesores, alumnos y familias en la educación. Para los profesores, pidió el "máximo apoyo" como "protagonistas insustituibles" de la enseñanza, por lo que instó a "reconocer, reforzar y prestigiar su figura".

No se han establecido penas máximas

La futura Ley de Autoridad Pública del Profesor anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha abierto el debate sobre si los docentes ya tienen esta autoridad reconocida de manera suficiente. La Fiscalía General del Estado mandó una circular en 2008 en la que se instaba a los tribunales a tratar precisamente al docente como autoridad y el Código Penal también habla de atentado contra los funcionarios. Sin embargo, no se han establecido a los agresores las penas máximas que estas normativas recogen, es decir, prisión de dos a cuatro años, según indicaron fuentes sindicales.

Según el artículo 551, estas acciones serán castigadas con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad, y de prisión de uno a tres años en los demás casos. Es decir, que cualquier persona que agrediera a un profesor funcionario podría ir a la cárcel.

Sin embargo, las mismas fuentes explicaron que estos casos nunca se han dado, en concreto, en otras regiones donde ha habido juicios al respecto, como Cataluña o Andalucía. Cuando se tratan de padres agresores, la pena que han tenido que pagar han sido multas económicas, y en el caso de alumnos mayores (sólo así les es aplicable el Código Penal), se ha saldado con prestaciones de servicios sociales.

El caso más cercano en la Comunidad es el que ha tenido lugar esta misma semana en el colegio Loyola de Palacio, ubicado en el Ensanche de Vallecas. Tras agredir a la directora, el padre en cuestión se sometió a un juicio rápido y ha quedado en libertad con cargos y con una orden de alejamiento. El juez del caso tomó estas medidas cautelares en virtud del artículo 544 bis del Código Penal. Además, le prohibido al presunto agresor comunicarse, por cualquier medio o método, con los denunciantes, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El Mundo 18.09.2009
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Por: Javier | 50-Legislación | Comentarios (0) | Referencias (0) | Leído (33)