Lunes, 15 de mayo de 2006
Tiene una hija de 31 años a la que, cuando era niña, diagnosticaron rasgos autistas. En el último año, su conducta se ha vuelto más agresiva. No la aceptan ni en un psiquiátrico ni en una residencia social.
María José Rubio tiene un cristal blindado en su salón, protegiendo la pantalla de la televisión. Lo colocaron hace unos meses, después de que su hija Almudena sufriese varias crisis violentas en las que el lanzamiento de objetos por los aires era lo mínimo que sus padres debían lamentar tras cada episodio. En el último año le han dado siete ataques de este tipo y, además del alma, con cada uno de ellos han perdido un dineral en ingresarla en un hospital privado en San Juan de Mozarrifar. ¿El motivo? El Gobierno de Aragón no dispone de ninguna instalación donde poder atender a discapacitados intelectuales que presentan también signos de enfermedad mental.
"Mi hija no da el perfil ni para permanecer ingresada en un centro psiquiátrico del Salud ni para ser acogida en una residencia de Servicios Sociales, porque en éstas últimas se niegan a aceptar a usuarios con conductas añadidas como el carácter violento de Almudena", explica Rubio.
Asegura que el calvario comenzó hace un año, ya que hasta entonces su hija se encontraba medianamente integrada y no se vislumbraba ningún rasgo de agresividad en su conducta. "Desde que le diagnosticaron el autismo, a los seis años (la profesora me dijo textualmente que mi hija era subnormal), siempre ha acudido a centros de educación especial y a psicólogos, pero eso no le ha impedido realizar una vida normal: iba a conciertos, al cine y a campamentos, dormía al aire libre o en tiendas de campaña, tenía su grupo...", recuerda. Pero todo aquello queda demasiado lejos. Almudena ya no sale de casa. "Antes le encantaba el senderismo, pero ahora nada. Sólo quiere quedarse en su cuarto, no sale a la calle y no quiere ver a nadie. ¡Ni a su hermano mayor, que era su pasión!", relata María José Rubio.
Pese a las continuas visitas a especialistas, los médicos no se explican los motivos del cambio de conducta de la joven, de 31 años: "Dicen que es un autismo atípico y con eso dan por satisfechas nuestras preguntas".
Confiesa que lo que más duele es ver cómo su hija, de la que han disfrutado durante 30 años, se transforma en otra persona. "Pese a su enfermedad, hemos sido muy felices con ella y ella con nosotros. Lo más doloroso no es que a mi marido le haya partido una ceja durante una de sus crisis, lo que de verdad te encoge el estómago es comprobar que no existe ningún tipo de recurso sanitario o social que pueda devolvernos a nuestra hija", dice.
Ejemplo de ello son sus internamientos en el centro Prisma de San Juan de Mozarrifar, unas instalaciones privadas a las que María José Rubio y su marido han tenido que acudir para conseguir normalizar la conducta de su hija puesto que en el hospital Miguel Servet aseguraban no disponer de plaza para ella.
"El último ingreso fue en el mes de marzo. Le dio la crisis y alertamos a una ambulancia. Siguiendo el protocolo de actuación para este tipo de pacientes, se personaron en casa acompañados de la Policía y la trasladaron al Servet, donde dijeron estar saturados y no poder darle cama. Como a casa no nos atrevíamos a llevarla, el médico nos aconsejó ingresarla en el centro Prisma y así lo hicimos. Ocho días por los que pagamos más de 1.500 euros y sin subvención", detalla la madre de la enferma.
Afirma con rotundidad que es un dinero bien invertido, porque un equipo de profesionales trabaja la modificación de la conducta de su hija, realiza terapias de relajación y le devuelven la estabilidad. Pero no entiende por qué este servicio no se presta desde la Seguridad Social. "El caso de mi hija es atípico, pero no por ello tiene que quedar excluido de la red de prestaciones sociosanitarias. En estos momentos no hay recursos, ni subvenciones para facilitar su acudida a un centro privado", sostiene la ciudadana.
Efectivamente, el Gobierno de Aragón no dispone de plazas para personas que padecen simultáneamente una discapacidad intelectual y una enfermedad mental. No obstante, fuentes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales han asegurado que se va a intentar introducir a Almudena en el Centro de Atención de Minusválidos Psíquicos, instalaciones especializadas que podrían suplir la carencia de otros recursos. "Recursos cuya creación están negociando el Salud y Servicios Sociales, pero que aún tardarán", matizan desde el Gobierno de Aragón. De momento, cabe una esperanza.
El Periódico de Aragón. 15-05-2006
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Por: Javier | 10-Integración | Comentarios (0) | Referencias (0) | Leído (310)
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