* Observatorio de la Educación *

Domingo, 14 de mayo de 2006

La DGA investiga las cuentas del centro de disminuidos Utrillo

El IASS nombra una dirección colegiada tras las denuncias de un grupo de padres sobre presuntas irregularidades. Los responsables del centro ocupacional para psíquicos dicen que todos reciben la atención debida y niegan la acusación.

Zaragoza | Más de la mitad de los padres que actualmente tienen a sus hijos en el centro ocupacional de disminuidos psíquicos "Utrillo" se han dirigido a Servicios Sociales porque se encuentran "desesperados" ante las supuestas "irregularidades" que se habrían cometido en el centro. Se trata de 25 familias que ocupan plazas concertadas en este centro, en el que actualmente se atiende a unas 43 personas.

Estos padres explican que, desde septiembre, han sido despedidos prácticamente todos los trabajadores del centro, incluida la psicóloga y los educadores que llevaban años tratando a sus hijos, y que esto está afectando a los chavales. De hecho, y desde hace una semana aproximadamente, no llevan al centro a sus 23 familiares como medida de protesta.

En enero, denunciaron el problema ante el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Sin embargo, los afectados dicen que la situación se ha vuelto insostenible, y el pasado viernes acudieron de nuevo al departamento para pedir "que se constituya una comisión o se nombre un gestor de manera temporal que regule la situación actual del centro", ya que aseguran que entre otras cosas, la falta de experiencia del personal que desempeña sus labores actualmente impide que sus hijos sean atendidos adecuadamente.

Además, culpabilizan a la junta directiva y a su presidente, junto a la gerente del centro, de la situación, por lo que insisten a la DGA en que ambos "no pueden permanecer de ninguna manera en la nueva gestión y en la Dirección del centro".

La Dirección fue demandada el año pasado ante Inspección de Trabajo. Además, figura otra denuncia en el Juzgado de Instrucción número 7. La misma es por una presunta modificación de los estatutos de la entidad de forma ilegal y falsedad de documento, lo que incluiría también la falsificación de algunas firmas. Entre otras cosas, los afectados dicen que pudo haber "fraude" en el dinero que el centro recibe del Gobierno de Aragón por las plazas concertadas que oferta (57).

De hecho, sospechan que Utrillo pudo recibir más subvenciones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) alegando que tenía a 61 usuarios en el centro, aunque supuestamente sólo 43 ocupaban realmente estas plazas y el resto llevaban ya mucho tiempo sin asistir. Otra denuncia por este motivo fue presentada ante la Agencia de Protección de Datos, ya que los demandantes alegan que las familias de las que se hizo un supuesto uso para engrosar la lista de plazas concertadas desconocían lo que estaba sucediendo.

En cualquier caso, será la Justicia la que dictamine qué ocurrió en realidad. El presidente del centro, Pedro de Andrés, insiste en que "los usuarios reciben la atención debida, y que la asistencia no se ha interrumpido en ningún momento".

Además, recalca que "se está actuando por la vía judicial y la administrativa, y que los procesos siguen su curso". Sobre todo destaca que Utrillo "es una asociación que atiende a personas con discapacidad y en la que todo se hace por el bien de los usuarios". También niega que falte personal y dice que si bien actualmente quedan por cubrir las plazas de la psicóloga y la trabajadora social, este problema será resuelto en breve.

También Servicios Sociales concreta que las denuncias deberán seguir su curso legal y que su preocupación es garantizar que se está dando un servicio adecuado a las personas de este centro. Sobre esto, informa de que llevó a cabo una inspección en la que no se encontraron irregularidades de funcionamiento.

Intervención de la DGA

En cualquier caso, la DGA ha intervenido y actualmente el centro está en manos de una dirección colegiada. Fuentes del departamento explican que la actual junta directiva reclamó ayuda a la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) y que ésta, a su vez, y en virtud de los protocolos de actuación que tiene firmados con el IASS, pidió la intervención de la Administración. Fue entonces cuando se constituyó una dirección colegiada en la que hay un representante del Gobierno y otro de Feaps.

El director provincial del IASS, Juan José Salinas, se reunió el viernes con los padres y se comprometió a estudiar la posibilidad de que cuenten con un representante en la dirección colegiada. Los afectados dicen que les pidió que vuelvan a llevar a sus hijos al centro, ya que habrá un nuevo gestor.

La DGA concreta que serán los propios padres de esta asociación los que tengan que decidir si cambian a la junta directiva o no, siempre según sus estatutos. "Mientras, se está escuchando a los afectados, y garantizamos que el servicio se está prestando adecuadamente", insisten desde Servicios Sociales.

Los padres que están en desacuerdo con la gestión del centro han recordado en numerosas ocasiones al IASS que "su responsabilidad se centra en este concierto de plazas y representamos a la mayoría de las plazas concertadas".

L. COTERA. Heraldo de Aragón. 14-05-2006
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Por: Javier | 10-Integración | Comentarios (0) | Referencias (0) | Leído (252)